En el marco de la investigación, el P. Berríos fue suspendido de su ejercicio sacerdotal, obligado a fijar domicilio en Santiago y a cumplir con la prohibición de trabajar con menores de edad.

Esto derivó en que el religioso presentara una autodenuncia ante el Ministerio Público para ser investigado por la justicia civil, por considerar que los hechos que se le imputaban no eran ciertos, y buscando, según sus propias palabras, “que se conozca públicamente la verdad”. Sin embargo, el proceso se cerró por falta de colaboración de la presunta víctima.

Respecto a otros seis casos investigados por la Fiscalía Sur, se derivaron a la justicia antigua por ser anteriores a 2005 (previos a la Reforma Procesal Penal en Chile). Sobre ellos se mantiene el proceso abierto.

Los hechos que se le imputan a Berríos son actos “de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes”, respecto a ”tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009″, expusieron los Jesuitas.

En mayo de 2023, tras investigar evidencias y recibir la documentación de la defensa, el Vicario Judicial, Dante Simón, derivó los antecedentes al Superior General, en Roma. Se prevé que el fallo canónico se conozca en los próximos días.