25 de junio de 2026

Este jueves 25 de junio se cumplen cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia en España que, desde su aprobación, se ha cobrado la vida de 1.668 personas, según datos oficiales publicados por el ministerio de Sanidad.  El aumento eutanasias ejecutadas ha sido constante: 75 en el segundo semestre de 2021; 288 en el año 2022; al año siguiente, se aplicó la eutanasia a 334 personas; en 2024 fueron 426 las realizadas; y, en 2025, 565 personas fueron eutanasiadas. La Asociación profesionales por la Ética emitió un informe en el que, denuncia que los informes del Ministerio de Sanidad tienen numerosas carencias, lo que «genera dudas sobre las necesarias garantías en los procesos de aprobación de las eutanasias».

12 efectos destructivos de la ley de eutanasia La Asociación profesionales por la Ética emitió un informe en el que expone que la evolución de la eutanasia en estos cinco años confirma que, «una vez aprobada, la eutanasia se convierte en una pendiente resbaladiza» que tiene 12 efectos destructivos.  Así, señalan en primer lugar el crecimiento acelerado del número de eutanasias» año a año, cuyos aumentos interanuales se han duplicado dese el 16% de 2023 al 32,6 % en 2025, así como la ampliación progresiva de supuestos bajo el paraguas del «padecimiento grave». En tercer lugar, se destaca la agilización de los procedimientos eutanásicos «aún a costa de reducir o eliminar sus garantías», como se ha propuesto ya en el Congreso, a lo que se añade que se promueve la eutanasia «como opción altruista bajo el argumento de la donación de órganos y de los legados a asociaciones pro-eutanasia». En quinto lugar, denuncia la «imposición del llamado ‘derecho a morir’ y de la autonomía personal por encima de la buena práctica médica». El sexto efecto destructivo consiste en que se produce una «dejación del esfuerzo clínico» en situaciones donde la eutanasia aparece como una vía «más fácil y menos costosa». También se denuncia «el daño a la relación de confianza» entre el paciente y el médico y el paciente y sus familiares. Por otro lado, se denuncia un «menor esfuerzo en la investigación de enfermedades neurológicas y degenerativas», la «normalización de la eutanasia» en la sociedad y los profesionales sanitarios, así como la «pérdida del sentido de la vida vulnerable, del envejecimiento y del valor de su cuidado y su acompañamiento». Los efectos negativos que completan la docena son la «presión social sobre las personas dependientes, bajo los criterios de ‘calidad de vida’ y la percepción de ser una carga para otros» y, finalmente, un fomento del individualismo y la «indiferencia social respecto del sufrimiento».

5 líneas de trabajo para hacer frente a la eutanasia Más allá de señalar peligros y contradicciones en el avance de la eutanasia en España, Profesionales por la Ética aporta cinco líneas de trabajo «para revertir la pendiente resbaladiza de la eutanasia en la que ya estamos inmersos». La primera medida es avanzar en «desarrollar el plan, la organización y los recursos necesarios para dar una cobertura nacional de cuidados paliativos», que debe incluir «equipos domiciliarios y unidades especializadas en pediatría». La segunda propuesta pasa por impulsar el apoyo «a las personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias», de manera singular de dependencia, enfermedad mental y soledad no deseada, dotando con recursos los planes de apoyo a estos retos y facilitando «el apoyo familiar a través de programas de conciliación para el cuidado».  Para Profesionales por la Ética es también necesario controlar la información oficial sobre las eutanasias practicadas para «asegurar el rigor en los procedimientos de solicitud y aprobación de eutanasias y evitar que una interpretación laxa de los supuestos contemplados por la ley convierta la eutanasia en la ‘solución’ más fácil, accesible y rápida». En cuarto lugar «es vital preservar la misión y los fines de la actividad sanitaria, dirigida a prevenir, curar y cuidar la salud, así como la ética y la praxis profesional».  En este sentido, subrayan que «la eutanasia atenta contra la esencia de la medicina, cuidar de la vida humana, y no debería ser considerado nunca un acto médico», por lo que es preciso «asegurar el ejercicio real de la objeción de conciencia».  Por último, se aboga por frenar la promoción de la eutanasia porque su aumento «no es un bien social, ni una muestra de avance de los derechos humanos, ni tan siquiera es un hecho neutro».  «Que cada vez más personas deseen en España una inyección letal deber ser un motivo de preocupación, no un motivo de alegría», enfatizan, por lo que apuestan por «un plan de prevención de la eutanasia» al igual que con el suicidio y, en última instancia, la derogación de la Ley de Eutanasia y la aprobación de legislación «que facilite el cuidado de la vida humana hasta el final».