26 de enero de 2024
Walter Sánchez SilvaPor Walter Sánchez Silva

25 de enero de 2024 / 02:02 PM

La investigadora y abogada Martha Patricia Molina denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua secuestró y condenó a prisión injustamente a tres laicos, una mujer y dos hombres que colaboraban con el Obispo Rolando Álvarez, quien fue deportado a Roma con otros sacerdotes y seminaristas el pasado 14 de enero.

Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, que da cuenta de cientos de ataques de la dictadura contra la Iglesia Católica, denunció recientemente los casos de Mariví Elieth Andino Ramírez, Julio Rafael Berríos Noguera y Santos Julio Sevilla Rivera, que trabajan en Cáritas y que han sido condenados a seis años de cárcel en diciembre.

Sobre Mariví Andino, la investigadora señala en su cuenta de la red social X que fue secuestrada por la dictadura del 21 de mayo de 2023 y fue “trasladada a Managua a las cárceles donde se practica más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

“A la dictadura sandinista no le importó que sus tres niños menores de edad quedaran solos. Fue condenada a puerta cerrada y sin derecho a la defensa a más de 6 años de  cárcel, únicamente por ser católica y por haber trabajado en Cáritas”, denunció.

“Ella desde pequeña es católica y no le permiten ningún artículo religioso. Su juicio fue arbitrario e inconstitucional. Urge que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares a Mariví y a sus hijos menores de edad”, aseguró la abogada.

Sobre Julio Berríos, Molina precisa que tiene 60 años y que “fue secuestrado por la policía sandinista el 22 de mayo del año 2023. Trabajó en Cáritas Estelí por 24 años. La dictadura lo secuestró por ser católico y por trabajar con Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor (Abelardo) Mata”.

“Fue condenado a seis años de cárcel, su juicio fue arbitrario y se realizó a puerta cerrada sin derecho a la defensa. Padece de enfermedades graves y crónicas. Un preso me comentó que su salud se ha deteriorado más y no tiene acceso a atención médica por lo que podría morir en la cárcel”, explicó la investigadora.

En cuanto a Santos Sevilla, la abogada indicó que tiene 55 años y “fue secuestrado por la policía sandinista el 20 de mayo del año 2023, sin importarles los problemas de discapacidad que padece”.