01 de agosto de 2025

“La situación ha vuelto a la calma, pero hay una gran consternación por las vidas perdidas en los últimos días”, declara a la Agencia Fides una fuente de la Iglesia de Luanda, capital de Angola, tras las violentas protestas del 28 y 29 de julio contra el aumento del precio del combustible que se enturbiaron por los saqueos generalizados en supermercados, bancos y otros negocios. Según las autoridades, al menos 22 personas murieron en distintos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incluido un policía. Alrededor de 200 personas resultaron heridas, mientras que más de 1.200 fueron detenidas acusadas de participar en los disturbios.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, ha pedido una investigación independiente sobre las acciones de la policía. “Desgraciadamente, las legítimas reivindicaciones de los sindicatos de taxistas y camioneros se han visto eclipsadas por la violencia”, afirma nuestra fuente. La huelga de tres días había sido anunciada por los organizadores hacía tiempo. Sujetos violentos se unieron a las manifestaciones, causando disturbios y aprovecharon el caos para saquear tiendas. El aumento del precio del combustible tiene un grave impacto negativo en los angoleños, especialmente en los más pobres, continúa la fuente. El aumento de los precios del transporte y la electricidad, producida por generadores diésel, provoca un aumento general del precio de otros bienes”.

El 1 de julio, el gobierno anunció un aumento de precio para el combustible fuertemente subsidiado de 300 a 400 kwanzas (de 0,28 a 0,38 euros) por litro. Esto representa una paradoja para el mayor exportador de petróleo crudo en África subsahariana, junto con Nigeria. La insuficiente capacidad de refinación doméstica obliga a Angola a importar productos petrolíferos refinados a precios de mercado. A esto se suma el servicio sobre la deuda internacional y la consiguiente presión (recomendaciones) del Fondo Monetario Internacional para reducir los subsidios gubernamentales para la compra de combustible. La decisión del gobierno desató la ira en un país donde más de un tercio de la población vive con menos de 2.15 dólares al día. La inflación es del 27.5%, el desempleo es del 14.5%, pero ocho de cada diez personas empleadas trabajan en el sector informal con bajos salarios.

A mediados de julio, la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé (CEAST) publicó un Mensaje Pastoral con motivo del 50.º aniversario de la independencia de Angola (celebrado el 11 de noviembre), que hace balance del medio siglo de existencia del país. Al hablar de luces y sombras, la CEAST destaca entre ellas “la escandalosa lógica del oportunismo, el egocentrismo y la discriminación, causa de numerosos problemas sociales, incluyendo el alto y doloroso coste de la vida para la gran mayoría de los ciudadanos, que resulta en el descrédito de líderes e instituciones y en el germen de un espíritu de rebelión cada vez más evidente”.

Palabras que fueron proféticas ante los enfrentamientos que estallaron unas semanas después. Los obispos también lamentaban “las múltiples formas de restricción de la libertad de expresión” y se hacían eco de las aspiraciones de los angoleños, afirmando que “desean un bienestar acorde con los recursos y el potencial de su país. Solo construyendo una Angola mejor podremos honrar adecuadamente el sacrificio de tantas personas de quienes heredamos el legado de nuestra independencia”.