19 de julio de 2025

El 18 de julio, un tribunal federal bloqueó una controvertida ley del estado de Washington (Estados Unidos), que obligaría a los sacerdotes a violar el secreto de confesión, poniéndose del lado de los obispos católicos del estado que habían presentado una demanda contra la medida a principios de este año.

La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa estatal a principios de este año y firmada por el gobernador Robert Ferguson, añadió al clero a la lista de personas obligadas a denunciar los abusos en el estado. Sin embargo, no incluyó una exención para la información obtenida en el confesionario, dejando explícitamente a los sacerdotes fuera de la excepción de “comunicación privilegiada” que se concede a otros profesionales.

En el fallo, el juez de distrito David Estudillo afirmó que “no había duda” de que la ley suponía una carga para el libre ejercicio de la religión.

“En situaciones en las que [los sacerdotes] escuchan confesiones relacionadas con el abuso o el abandono infantil, [la norma] los coloca en la posición de cumplir con los requisitos de su fe o infringir la ley”, escribió el juez.

Estudillo señaló que la medida aprobada “modifica la ley vigente únicamente para obligar a los miembros del clero a denunciar los casos de abuso o negligencia infantil”.

Tal y como está redactada, la ley “no es neutral ni de aplicación general”, ya que “trata las actividades religiosas de forma menos favorable que las actividades seculares comparables”, afirmó.

El estado podría haber obligado al clero a denunciar los casos, permitiendo una excepción limitada para la confesión, dijo Estudillo, como ya han hecho más de dos docenas de estados.

La orden prohíbe al gobierno del estado de Washington aplicar la ley.

La sentencia se produce después de que los obispos demandaran a Ferguson, al fiscal general del estado Nicholas Brown y a más de tres docenas de fiscales por la controvertida ley de denuncia.

El 15 de julio, esos fiscales presentaron una moción ante el tribunal en la que se comprometían a no recurrir la orden judicial contra la ley ni ninguna sentencia definitiva del tribunal a cambio de quedar exentos en gran medida de los procedimientos judiciales en curso. Ferguson y Brown siguen siendo objeto de la demanda.

La demanda argumentaba que la ley violaba el libre ejercicio de la religión protegido por la Primera Enmienda al infringir el secreto de confesión, así como la cláusula de igualdad de protección de la 14.ª Enmienda y la Constitución estatal.

La iniciativa de los obispos de Washington contó con el apoyo de una amplia variedad de defensores, entre ellos la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una coalición de iglesias ortodoxas y el obispo Robert Barron de Winona-Rochester, Minnesota.

Barron argumentó ante el tribunal, a principios de este mes, que un penitente que es “consciente de que el sacerdote podría (por no decir que debe) compartir con otros lo que se le ha confiado en la más sagrada confidencialidad” de la confesión

“sería muy reacio a acercarse” al sacramento.

Por su parte, el Departamento de Justicia afirmó que la ley “parece señalar al clero como no apto para hacer valer los privilegios aplicables, en comparación con otros profesionales que están obligados a informar”, como abogados, médicos y trabajadores sociales.

La ley incluso provocó críticas internacionales cuando la Cofradía del Clero Católico —que representa a más de 500 sacerdotes y diáconos católicos romanos de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido— emitió un comunicado el mes pasado en el que criticaba la aprobación de leyes “que intentan obligar a los sacerdotes ordenados a revelar la identidad y el contenido de lo que ha confesado un penitente”.

El grupo criticó a los gobiernos por apuntar específicamente a los sacerdotes, mientras que al mismo tiempo “respetan y defienden las instituciones del privilegio abogado-cliente y médico-paciente”.

Aunque los obispos de Washington habían presentado una impugnación agresiva contra la ley estatal, los líderes de la Iglesia aseguraron a los fieles que el secreto de confesión permanecería inviolable independientemente de cualquier estipulación legal en un sentido u otro.

“Los pastores, obispos y sacerdotes” están “comprometidos a mantener el secreto de confesión, incluso hasta el punto de ir a la cárcel”, dijo en mayo el obispo de Spokane, Thomas Daly.

El Derecho Canónico establece que un sacerdote que viola directamente el secreto de confesión es automáticamente excomulgado. Barron declaró ante el tribunal a principios de este mes que “pocas prácticas religiosas son más malinterpretadas que el secreto sagrado de la confesión en la Iglesia católica”.

Los católicos creen que los penitentes que buscan el sacramento de la confesión “hablan con el Señor mismo y le escuchan” a través del sacerdote, escribió el prelado.

Como resultado, “absolutamente nada debe interponerse en el camino de un pecador que busca esta fuente de gracia”, dijo Barron.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.